La Secretaría de Hacienda departamental invita a los araucanos a comprar solo en puntos autorizados
Con el propósito de cuidar el bolsillo de los ciudadanos y las rentas departamentales, la Secretaría de Hacienda departamental recuerda a la comunidad que la venta de chance y apuestas está regulada por la Ley 643 de 2001 y es operada por el departamento de Arauca, únicamente por la empresa Red de servicios de la Orinoquia y el Caribe, con sus puntos de venta de “SUPER GIROS”.
En ese sentido, la Secretaría de Hacienda hace un llamado a la comunidad a no comprar rifas y bonos que no cuenten con la debida certificación, ya que pueden ser víctima de fraudes, al no contar con vigilancia que garantice la entrega de los premios y que haga la declaración y pago de impuestos a la Gobernación, los cuales son destinados a fortalecer la red hospitalaria.
De acuerdo con la Ordenanza 014E (Estatuto de Rentas) y la Ley 643 (monopolio rentístico) sólo están excluidos “los juegos de suerte y azar de carácter tradicional, familiar y escolar, que no sean objeto de explotación lucrativa por los jugadores o por terceros, así como las competiciones de puro pasatiempo o recreo.
También están excluidos los sorteos promocionales que realicen los operadores de juegos localizados, los comerciantes o los industriales para impulsar sus ventas, las rifas para el financiamiento del cuerpo de bomberos, los juegos promocionales de las beneficencias departamentales y los sorteos de las sociedades de capitalización que solo podrán ser realizados directamente por estas entidades”.
Por lo demás, las rifas de vehículos, bonos de mercados y otros que se realizan a diario o frecuentemente sin ningún permiso de las autoridades locales y para el lucro de los organizadores, están en contra de la ley.
La Gobernación reitera que participar en juegos ilegales constituye una infracción que puede acarrear sanciones, tanto para los vendedores como para los apostadores, según lo establecido en la Ley 643 de 2001 y demás normativas vigentes. Por lo tanto, se solicita a las Alcaldías y fuerza pública, estar atentos a las denuncias, para proteger la legalidad y garantizar el adecuado funcionamiento de los juegos de suerte y azar en la región.
