Arauca, 11 de marzo de 2025 – En la primera sesión de 2025 de la Mesa de Concertación Indígena, liderada por el gobernador Renson Martínez y la secretaria de Desarrollo Social, Mercedes León, se lograron avances significativos en los compromisos pactados previamente.
Uno de los principales logros es el fortalecimiento del programa de seguridad alimentaria para los pueblos Hitnu y Macaguan, en los municipios de Arauquita, Fortul, Puerto Rondón y Tame. Esta iniciativa contempla la entrega de semillas de cacao, plátano, maíz y yuca, junto con herramientas básicas y asistencia técnica. El objetivo es garantizar la autosuficiencia alimentaria de estas comunidades, respetando y preservando sus saberes ancestrales. La inversión destinada a este proyecto asciende a $1.900 millones.
Otro avance destacado es la implementación de un programa piloto para el fortalecimiento de la guardia indígena en la comunidad Betoy, que busca mejorar la seguridad y la protección de la comunidad en articulación con entidades como la Fiscalía General de la Nación. Se espera que esta iniciativa brinde resultados positivos en materia de seguridad y gobernanza dentro de los territorios indígenas.
En el ámbito ambiental, se resalta la adquisición de 63 predios que suman más de 4.000 hectáreas, destinadas a la conservación y protección de las fuentes hídricas en los municipios de Tame, Saravena y Arauca. Estas tierras serán entregadas a los pueblos indígenas para su resguardo y preservación, garantizando la sostenibilidad de los recursos naturales en sus territorios.
Por otra parte, el gobernador Renson Martínez recibió la solicitud de las asociaciones Ascatidar y Asocata, comprometiéndose a gestionar una mesa técnica con la Agencia Nacional de Tierras para atender las necesidades de estas comunidades y buscar soluciones a sus problemáticas territoriales.
La sesión contó con la participación de representantes de los seis pueblos indígenas del departamento, el alcalde de Tame, Miguel Bastos, distintas dependencias de la Gobernación de Arauca, la Fuerza Pública, entidades del Ministerio Público, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que acompaña este proceso en favor de las comunidades indígenas de Arauca.
