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Contraloría General de la República archivó investigación en contra del gobernador de Arauca por el sonado contrato del atún

Contra la presente decisión no procede recurso alguno sostuvo la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción del ente investigador

La Contraloría General de la República mediante Auto 1291 del 3 de noviembre de 2020, decretó la cesación de la acción fiscal y ordenó el archivo por beneficio del proceso ordinario de responsabilidad fiscal contra el gobernador José Facundo Castillo Cisneros, el secretario de Gobierno Luis Merardo Tovar Altuna, la Secretaria de Desarrollo Social y Equidad de Género, Carolina Muriel Zea y la persona jurídica Multiservicios MAEL SAS Zomac.  Así mismo contra el tercero civilmente responsable  La Previsora S.A. Compañía de Seguros.

Así lo hizo saber la entidad al manifestar que la Unidad de Reacción Inmediata de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata DIARI de la Contraloría General de la República, realizó análisis de datos a fin de determinar presuntos sobrecostos en el contrato No. 198 suscrito el 6 de abril de 2020 por la Gobernación de Arauca con MULTISERVICIOS MAEL SAS ZOMAC, cuyo objeto era el suministro logístico y entrega de kits de ayuda alimentaria para la atención de la población de afectados por la emergencia sanitaria Covid 19 en el Departamento de Arauca.

La decisión señala que se pone fin a la acción fiscal al haberse acreditado el resarcimiento del valor del detrimento patrimonial objeto de la presente investigación.

Frente a la decisión el gobernador José Facundo Castillo Cisneros, afirmó, “recibo con mucho agrado esta decisión pues pudimos demostrar que en Arauca no se perdió un peso, que se actuó conforme a la ley y que lo que más nos satisface es que la Contraloría haya terminado la investigación y haya decidido archivarla porque encontró que no hubo ninguna irregularidad”, expresó el mandatario.

En la parte resolutiva la Contralora Delegada Intersectorial No.5 de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción, Bibiana Domínguez Velandia, sostuvo que contra la presente decisión adoptada no procede recurso alguno.

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