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Puesto de Mando Unificado por la vida evalúa alteraciones del orden público en el Departamento

El PMU por la vida queda en sesión permanente.

La gobernadora del departamento de Arauca, Indira Luz Barrios Guarnizo, junto a los altos mandos militares y de Policía, el alcalde de Puerto Rondón, la Fiscalía seccional Arauca, Defensoría del Pueblo, ICBF, UNP, Medicina Legal, Procuraduría regional, Personerías de los municipios de Puerto Rondón y Tame, los secretarios de gobierno de los municipios de Tame y Arauquita al igual que el secretario de gobierno del Departamento, Esteban Mosquera adelantaron el Puesto de Mando Unificado por la Vida, PMUV, con el fin de evaluar las alteraciones de orden público que se han presentado en los últimos días dentro del territorio araucano, específicamente en los límites entre los municipios de Puerto Rondón y Arauquita.

Según la primera mandataria, las actividades del PMU se llevarán a cabo las 24 horas durante los siete días de la semana y el despliegue de cada una de las autoridades se realizará conforme a sus competencias; de este modo, se abordará la problemática en la búsqueda constante de garantizar a la población civil el derecho a la vida y la integridad física.

Dentro de la reunión, se abordó el suceso donde,  producto del enfrentamiento entre los dos grupos armados al margen de la Ley que delinquen en esta zona del país, al parecer se registraron 10 muertes de las disidencias de las FARC y una del ELN; por tanto, el comandante de la Fuerza de Tarea Quirón, brigadier general Walther Giraldo, indicó que las tropas se desplazarán hasta el sitio para verificar el levantamiento de los cuerpos en conjunto con las funerarias, mientras los miembros de Medina Legal y Ciencias Forenses de Arauca, se comprometieron a realizar el traslado a la unidad de Yopal para su identificación y a brindar el respectivo acompañamiento a las familias afectadas.

De igual manera, se activa el Comité de Justicia Transicional para establecer planes de contingencia y se determinó atención coordinada con las alcaldías.

Por su parte, los miembros del Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Policía Nacional y demás instituciones, afirman que su proceder ha sido en cumplimiento de los deberes constitucionales y garantizando el respeto por los derechos humanos.

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